Caja Costarricense de Seguro Social

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Ministerio Público condenó a cuatro deudores que retuvieron cuotas de la CCSS



  Diego Coto Ramírez       Feb 05, 2016  |  08:27 PM      2813   Cobros

Espan style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">El Ministerio Público condenó a cuatro deudores con cárcel, en el 2015, por retener indebidamente los montos de las cuotas obreras que sus trabajadores cotizan y no haberlos trasladado como corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).


 



Se trata de la Corporación de Seguridad Total Roall S.A. con cédula jurídica 3-101-297689, cuya condenatoria recayó sobre la persona de su representante Ignacio Gómez Cervantes, con cédula de identidad 107020966; adicionalmente, se encuentran los deudores Jorge Eduardo Jiménez Aguilar, cédula de identidad 106370211; Juan de Dios Zúñiga Chinchilla, cédula de identidad 104920078 y María Cecilia Araya Bolaños, cédula de identidad 103620018, en estos tres últimos casos,  la condena recae directamente en ellos por ser personas físicas.


 


Luis Diego Calderón Villalobos, director de Cobros de la CCSS, informó que la institución denunció el año anterior,  a 3 280 patronos por un monto de ¢1 515 millones, que fueron rebajados a los trabajadores, pero que no fueron trasladados a la CCSS.


 


Calderón explicó que como los imputados era la primera vez que se les condenaba con pena de cárcel, los Tribunales optaron por concederles el beneficio de ejecución condicional de la pena, de acuerdo con lo que se establece en los artículos del 59 al 63 del Código Penal.  Esto implica que durante el período  que se fijó, que oscila entre tres a cinco años, ellos no podrán incurrir en nuevo delito doloso con pena superior a los seis meses, pues en ese supuesto, el beneficio será revocado y procedería el cumplimiento de la pena de cárcel.


 


De acuerdo con el artículo 45 de la Ley Constitutiva de la CCSS, la retención indebida es un delito por el cual se impondrá la pena indicada en el artículo 216 del Código Penal de Costa Rica, a quien no entregue a la CCSS el monto de las cuotas obreras obligatorias dispuestas por ley.


 


La institución acusa a los representantes legales de los patronos jurídicos y a las personas físicas deudoras, ya que se presume que el patrono dedujo dichas cargas sociales a los trabajadores y no las trasladó a la CCSS, lo cual podría configurarse como una retención indebida de sumas aportadas por los trabajadores.